Sharm El Sheikh es una ciudad egipcia ubicada al sur de la península del Sinaí, frente al Mar Rojo, conocida por sus lujosos resorts all inclusive en primera línea de playa. Un lugar disonante para abordar la crisis climática. Sin embargo, entre los días 6 y 20 de noviembre, pueblos indígenas, y otras personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, infancias y juventudes activistas por el clima, periodistas, representantes de ONG y del sector privado (incluidos más de 600 lobistas de los combustibles fósiles que habrían obtenido acceso[1]), así como jefes de Estado y de gobierno y otras autoridades acudimos a una de las citas mundiales más multitudinarias del año: la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP27.
La cuestión logística, particularmente para aquellas personas con menos recursos, absorbió gran parte del tiempo y de las frustraciones previas a la COP27. La obtención de la visa, alojamiento y vuelos se convirtió en una odisea para muchas personas, entre otras cosas, por el descarado incremento de los precios de los hospedajes para esas fechas sin que el gobierno anfitrión planteara alternativas. Algunas personas incluso reportaron que su alojamiento ni siquiera existía. Pero esta no era desde luego la única y la más preocupante controversia de que la COP27 fuera auspiciada por Egipto.
Egipto: No hemos sido derrotados
Amnistía Internacional, así como otras organizaciones de derechos humanos, han documentado por años las violaciones a los derechos humanos que el gobierno egipcio ha cometido, como la detención de 454 personas en las dos semanas previas a la celebración de la COP27[2]. En la conferencia se hicieron presentes la vigilancia, el hostigamiento y las restricciones a la protesta por parte del gobierno egipcio, pero también las “luchas de la gente común para rendir cuentas a los que están en el poder”, que es lo que, de acuerdo con el ex secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, desde una perspectiva “descolonial”, da sentido a los derechos humanos en entornos del Sur Global[3].
Luchas de gente común como Alaa Abdel Fattah, preso de conciencia egipcio-británico que inició una huelga de hambre en abril de 2022 y que ha sido detenido en varias ocasiones por el Estado egipcio; la primera en 2011, en relación con su liderazgo en la “primavera árabe”, mejor nombrada “—at-thawra al-‘arabiya—”[4], y la más reciente, el 19 de septiembre de 2019, junto a Mohamed Baker, abogado de derechos humanos y director del Centro Adalah de Derechos y Libertades, condenados bajo un juicio injusto en 2021 a entre cuatro y cinco años de cárcel por delitos relacionados con su activismo, además de sufrir condiciones de detención inhumanas y un juicio injusto[5]. Las autoridades egipcias mantuvieron incomunicado a Alaa de su familia a partir del 31 de octubre, y el 6 de noviembre, justo el día de inicio de la COP27, el activista comenzó además una huelga de sed.
La tensión era palpable en el recinto de la COP27, sobre todo ante la presencia de Sanaa Seif, hermana de Alaa y exprisionera de conciencia. Durante un evento convocado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch en la noche del 8 de noviembre en el Pabellón de Alemania en la “Blue Zone” –el área limitada a las personas acreditadas–, dos personas intervinieron en el espacio de preguntas y respuestas para difamar a Alaa, su hermana y el movimiento de derechos humanos en Egipto[6]. Una situación similar se vivió durante una rueda de prensa organizada ese mismo día[7].
Personas que participábamos en la COP27 nos unimos a la campaña #FreeAlaa, por la liberación inmediata de Alaa, que después se expandió para exigir la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en Egipto por ejercer sus derechos, #FreeThemAll. “No hay justicia climática sin derechos humanos” y “No hemos sido derrotados” podía leerse en árabe, francés, inglés y español en las mantas que encabezaban una de las protestas organizadas durante la conferencia, haciendo alusión al título del libro que recopila diversos escritos de Alaa, “You Have Not Yet Been Defeated”. En consecuencia, varios líderes políticos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk, se sumaron a este llamado y pidieron al presidente de Abdelfatah El-Sisi su liberación[8].
La opresión del gobierno de Egipto también se percibió entre los participantes de la COP27. Personas Expertas de las Naciones Unidas manifestaron preocupación por los reportes sobre vigilancia, interrogatorios e intimidación a personas defensoras tanto locales e internacionales por parte de los agentes de seguridad egipcios[9]. También Amnistía Internacional documentó la prohibición de entrada a una persona[10]. Las restricciones hicieron que los participantes de la sociedad civil organizaran sus protestas dentro de la sede de la COP27, donde también estaban sujetas a las restricciones de la ONU, como la autorización previa, o que no se podía señalar a ningún estado, empresa o individuo en concreto[11].
El 14 de noviembre, la familia de Alaa obtuvo una prueba de vida. Una carta escrita por el activista en la que informaba de que había finalizado la huelga de hambre y sed y que esperaba verlos en tres días. Entonces Alaa pudo contar a su familia la situación crítica que había vivido los últimos días[12]. Sin embargo, la COP27 ya terminó, y Alaa y decenas de miles de personas continúan en prisión injustamente y siguen siendo amedrentadas por reclamar o ejercer pacíficamente sus derechos humanos, por buscar hurriya l-ta’bīr —libertad de expresión—, Sahafa hurriya —libertad de prensa—, por reclamar su dignidad —karāma— y memoria histórica —pasada por alto por la colonialidad y el orientalismo— como pueblos con agencia, que se levantan contra la corrupción, la represión y la violencia[13]. El gobierno de El-Sisi debe liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, acabar con la represión de la sociedad civil y respetar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Los gobiernos de todo el mundo deben asegurar que la acción climática se realice en un entorno seguro y sin miedo a represalias porque, como afirma el activista Asad Reehman, “para el movimiento por la justicia climática, los derechos humanos han sido una parte inextricable”, y es necesario atender “los llamados de nuestros movimientos en los lugares donde se realizan las COP”[14]. La solidaridad de la sociedad civil nos enseña que no podemos mirar hacia otro lado e ignorar lo que sucede en los países anfitriones (cabe destacar, no solo de Oriente Medio ni del Sur Global) que “se lavan la cara” mientras discuten en salones aislados la crisis climática. No hay que olvidar que la próxima COP está previsto que se celebre en los Emiratos Árabes Unidos, donde el gobierno no respeta el derecho a la libertad de expresión o a una asamblea y reunión pacíficas, y ha reprimido a personas disidentes desde hace años[15].
Pueblos indígenas y personas defensoras, soluciones vivas a la crisis climática
“Hay que cuidar la diversidad del planeta, y hay que combatir el monocultivo de historias, de la vida, de la cultura” fueron las palabras de Andrea Ixchíu, Maya K’iche defensora del territorio de Totonicapán en Guatemala, en un evento convocado por La Ruta del Clima, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Amnistía Internacional sobre el derecho a la participación durante la COP27[16]. Andrea es parte de la Red Futuros Indígenas, una red de resistencias narrativas representada por pueblos indígenas que enfrentan la emergencia climática en México y Centroamérica[17], que considera que los pueblos indígenas son “soluciones vivas” a la crisis climática, y, por tanto, que es más que necesario que todas las personas se unan a la defensa de sus derechos en el marco de la acción climática.
Los pueblos indígenas son guardianes del 80% de la biodiversidad global, así como un tercio de los bosques que son sumideros de carbono[18]. A pesar de su innegable labor de cuidado del planeta, los pueblos indígenas están entre los grupos más afectados por el cambio climático. Este fenómeno no es algo causado por la humanidad en su conjunto, sino que el 92% de las emisiones históricas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causantes del mismo recae en los países más ricos (en Norteamérica, Europa y otras economías industrializadas)[19], que persiguen un crecimiento económicamente manifiestamente desigual, basado en emisiones intensivas de carbono desde hace siglos, así como en sistemas opresivos de colonialismo donde la extracción de recursos se ha hecho a expensas de la población de color, los pueblos indígenas y el medio ambiente[20].
Lo que ha permitido a los pueblos originarios ser guardianes de la naturaleza es la resistencia al racismo sistémico, a los legados contemporáneos del colonialismo que diversos relatores y expertos de Naciones Unidas mencionan que repercuten negativamente en nuestro derecho a un medio ambiente sano[21], no un esencialismo identitario sobre todo lo “indígena”. Como mencionó Andrea Ixchíu, también en el evento sobre derecho a la participación, “el que preservemos el 80% de la biodiversidad no es casualidad, son otras formas de existir en un planeta sin la necesidad de destruir todo lo que lo sostiene”, otras formas de vivir en las que “no se pone el dinero encima de la vida”[22].
A pesar de ello, las Partes del Acuerdo de París, a lo largo de las COPs han impulsado, entre otras medidas, proyectos de mitigación climática que no solo no han contribuido a disminuir la emisión de GEI[23], sino que han favorecido prácticas coloniales y violaciones a los derechos humanos de quienes son soluciones vivas al cambio climático, violaciones a la autodeterminación, al consentimiento previo, libre e informado, al derecho a la tierra, a una vida digna, a la integridad cultural y a las reparaciones[24]. Es el caso de los mercados de carbono, regulados por el artículo 6 del Acuerdo de París, pero que, a pesar de la presión de la sociedad civil, no incorpora salvaguardias de derechos humanos[25].
Algo similar sucede con megaproyectos de energía renovable y de extracción de minerales estratégicos para la transición energética que se realizan sin una evaluación del impacto ambiental ni sobre los derechos humanos, sin consentimiento de las comunidades afectadas, y sin mecanismos de reparación. Del 2015 al 2021, la organización Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos han documentado 134 ataques a defensores del territorio indígenas relacionados con proyectos de energía renovables, y 495 alegaciones de violaciones de derechos humanos relacionados con la extracción de minerales estratégicos para la transición energética[26].
Durante el evento sobre derecho a la participación, Rosa Marina Flores Cruz, defensora afrozapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, el país más peligroso para defender el medio ambiente[27], explicó cómo en su territorio “la historia de las energías renovables va de la mano de prácticas coloniales de despojo y violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas”[28]. Y que a este se le delegó “la misión de contribuir con el alcance de las metas internacionales de mitigación al cambio climático, firmadas por el gobierno mexicano, sin siquiera considerar las necesidades en materia de energía o los impactos del cambio climático sobre las comunidades”[29].
Estos proyectos de energía eólica no han beneficiado a las comunidades sino a grandes corporaciones, replicando los mismos “esquemas de explotación industrial” de siempre, que además de violar los derechos de los pueblos indígenas, “han generado la actual crisis ambiental”[30]. Ante ello, Marina menciona que seguirán luchando por su espacio de vida, por su comunidad, aunque saben que esto representa un obstáculo “para los intereses colonialistas desde hace más de 500 años”, y “van a seguirlo siendo”[31].
En general, hay múltiples ejemplos a lo largo de América Latina y el Caribe de pueblos indígenas y otras personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, afectadas por estas prácticas de injusticia ambiental. Una parte de ello se debe a que históricamente estas personas han sido excluidas de la participación en la toma de decisiones en materia climática.
En uno de los primeros acuerdos de la COP27, la adopción de un Plan de Acción de cuatro años para el Programa de Trabajo de Glasgow sobre la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE)[32], enfocado en educación ambiental y participación, no se incluyen actividades relacionadas con los derechos de acceso a la información, participación en los asuntos públicos, libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como los derechos de los pueblos indígenas, como debería. Tampoco reconoce el papel de las personas defensoras ni incluye actividades destinadas a protegerlos según la Declaración de Personas Defensoras de la ONU y como han demandado sectores de la sociedad civil.
El Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh (el documento final de la COP27) menciona en varias ocasiones una “transición justa” y las Partes adoptaron un programa de trabajo sobre este tema[33]. Pero una transición realmente justa solo se logrará si respeta la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado, la integridad cultural, reparaciones, y demás derechos de los pueblos indígenas y de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Esto es algo que no se contempló en ninguna decisión, y, de hecho, comparado con las ocho menciones a pueblos indígenas del Pacto de Glasgow, en el “Plan de Implementación de Sharm El-Sheikh”, solo hay dos menciones, que además no se traducen en mecanismos que realmente garanticen sus derechos[34].
Sobre los mercados internacionales de carbono, la situación es más que preocupante. Justo antes de la COP27, un órgano técnico[35] había propuesto para aprobación de los gobiernos en la COP una definición de medidas para las eliminaciones de carbono de la atmosfera, que posibilitaba el uso de tecnologías de dudoso impacto en la reducción de emisiones y que pueden dar lugar a violaciones masivas de los derechos humanos, con la constitución de enormes “zonas de sacrificio” en el Sur Global[36]. Además, la recomendación tenía disposiciones inadecuadas para garantizar que los mecanismos de eliminación de carbono no perjudiquen los derechos humanos. Gracias a la presión de organizaciones, representantes de pueblos indígenas y algunos Estados, las Partes rechazaron la recomendación inicial adoptada. Sin embargo, los Estados han solicitado al Órgano de Supervisión que elabore nuevas recomendaciones sobre la misma cuestión para la COP28 sin pedirle que tenga en cuenta los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.
En última instancia, los Estados no deben basarse en los mercados de carbono y demás falsas soluciones que violan los derechos de las personas como forma de “contribuir” a la mitigación climática en un plazo compatible con el mantenimiento del aumento de la temperatura dentro de 1,5°C. Esto es solo una forma de retrasar la verdadera acción climática. Por el contrario, los estados y corporaciones deben enfocarse en eliminar gradualmente los combustibles fósiles a la velocidad requerida. Tanto la mitigación climática como la transición energética deben ser realmente justas[37], no replicar la historia del colonialismo. Como afirma Andrea Ixchiu, “No podemos seguir siendo tratados como zonas de sacrificio los territorios que resguardamos la biodiversidad del planeta”[38].
Pérdidas y daños, un acuerdo in extremis que no resuelve la raíz del problema
Avanzaba la segunda semana de la COP y las Partes no terminaban de alcanzar acuerdos. Los más más controversiales, como pérdidas y daños o mitigación climática, en particular sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles, quedaron para los últimos días. De hecho, hasta dos días después de que estuviera previsto el fin de la Conferencia, las Partes finalmente consensuaron el establecimiento de un fondo para pérdidas y daños, destinado a apoyar las personas en los países más vulnerables a los impactos del cambio climático[39]. Esto no hubiera sido posible sin la movilización de organizaciones de la sociedad civil, el liderazgo de algunos países del Sur Global, y una postura común al respecto.
Previo a la COP27, Amnistía Internacional publicó un informe que recoge siete casos de comunidades afectadas por la crisis climática, entre ellas el del suroeste de Honduras, donde el aumento del nivel del mar y las inundaciones han afectado el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a una vivienda adecuada, al trabajo y a un nivel de vida adecuado de las comunidades costeras empobrecidas y marginadas[40]. En última instancia, la combinación de cambio climático, degradación medioambiental, pobreza y desigualdad en Honduras está obligando a la gente a desplazarse a otras regiones del país a trabajar en las plantaciones de café o en las maquilas, o bien a emprender viajes arriesgados a Estados Unidos o España[41].
Por un lado, es clave que los Estados cuanto antes respondan a los efectos devastadores de la crisis ambiental, es decir, que reparen a las personas que sufren el impacto del aumento del nivel del mar y otros desastres. Ese de alguna forma es el objetivo del nuevo fondo de pérdidas y daños. Sin embargo, por ahora, es solo una decisión a largo plazo y aún queda mucho que discutir para que realmente repare los daños de las comunidades más afectadas.
Además, para que este fondo sea realmente un mecanismo de justicia histórica frente a las desigualdades detrás de la crisis climática, es necesario considerar algunas discusiones traídas por pueblos indígenas. En primer lugar, el Grupo de Trabajo para Asuntos Indígenas afirma que es necesario que haya una referencia explícita en el fondo a pueblos indígenas[42]. El dinero del fondo necesita ser canalizado directamente a las comunidades más vulnerables en primera línea de defensa del planeta, no a gobiernos responsables de múltiples violaciones de derechos humanos, el financiamiento “debe llegar a comunidades y pueblos que están resistiendo” como mencionó María José Andrade Cerda, miembro de la Asociación de Guardia Indígena “Yuturi Warmi” y de la comunidad Kiwcha de Serena en el evento facilitado por La Ruta del Clima.
En segundo lugar, este no debe ser un “cheque de cambio” para que los Estados más ricos sigan contaminando a cambio de dinero, como afirma Futuros Indígenas, los Estados y corporaciones deben “detener inmediatamente su guerra contra la Madre Tierra y nuestros pueblos”[43]. En los términos modestos de las negociaciones de la COP, los Estados, en especial los más ricos, y las corporaciones deben comprometerse a realmente eliminar gradualmente los combustibles fósiles. En este punto, los Partes no avanzaron durante la COP27 con respecto al año anterior y solo mantuvieron el compromiso de ‘acelerar los esfuerzos para la reducción gradual de la energía de carbón generada sin medidas de mitigación y la eliminación gradual de las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles’[44].
Esta falta de compromiso por parte de los Estados para atacar la raíz del problema de la crisis climática también se vio reflejado en el documento final. El Plan de implementación de Sharm el-Sheikh menciona la necesidad de ampliar los esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5° pero no hay ninguna obligación para que las Partes logren el objetivo. Sin una eliminación gradual de los combustibles fósiles (carbón, gas), esto será imposible, y las comunidades como las de Honduras se verán obligadas a migrar al norte para poder sobrevivir.
Ahora, más que nunca, es necesario seguir luchando por la justicia climática, que sea basada en los derechos humanos, que se posicione contra la creación de zonas de sacrificio que ponen el dinero por encima de la vida, en las que se viola la autodeterminación y los derechos de quienes son soluciones vivas al cambio climático. Ahora, más que nunca, es importante valorar y seguir alimentando los esfuerzos de solidaridad que se mostraron en esta COP entre los movimientos de justicia climática y derechos humanos, porque como expresa el mismo Alaa, “nos enfrentamos a los mismos problemas globales, y compartimos valores universales, y con una firme creencia en el poder de la solidaridad»[45], porque solamente así, no estaremos derrotados.
Sobre los autores: Graciela Martínez González e Iván Daniel Martínez Pichardo son encargados de campañas en el equipo de Justicia Climática de Amnistía Internacional Américas
Referencias
[1] Global Witness, “683 fossil fuel lobbysts granted access to COP27”, 10 de noviembre de 2022,.
[2] AI, “Egipto: Las detenciones por las convocatorias de protestas durante la COP27 ponen al descubierto la realidad de la crisis de derechos humanos”.
[3] Salil Shetty menciona esto, pues “los derechos humanos -son estructuralmente propensos a la captura, la instrumentalización y la distorsión. Ejemplo de ello es cómo, durante mucho tiempo, “hemos dependido del exceso de la tutela estadounidense y europea de los derechos humanos”, desligándose de las luchas en muchas partes del mundo. Frente a ello, Salil considera necesario “reconectar de nuevo con las luchas de las personas ordinarias contra el poder”. La descolonización de los derechos humanos. Discurso pronunciado por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la London School of Economics el 22 de mayo de 2018 (en inglés).
[4] Moisés Garduño García, “La recuperación de la voz propia en las revoluciones árabes: convenciones culturales y epistemológicas para el fin del poscolonialismo”, 2014.
[5] AI, “Destacado activista, en estado crítico”, 2022.
[7] Washington Post, Climate talks in Egypt overshadowed by shouting matches over human rights, por Siobhán O’Grady y Sarah Kaplan 2022.
[8] OACNUDH, Egypt must immediately release Alaa Abdel Fattah, Türk says, 2022.
[9] OACNUDH, UN experts alarmed by harassment of civil society actors at COP27 climate summit, 2022:, y UN experts alarmed by restrictions on civil society ahead of climate summit, 2022.
[10] AI, Egypt: Prominent Italian Human Rights Activist Banned from Entering Egypt to Participate in COP 27, 2022.
[11] UN Security guidelines related to media actions, distribution of publicity materials, and use of UN
emblem at the UNFCCC conferences.
[12] AI, “Destacado activista, en estado crítico”, 2022.
[13] Moisés Garduño García, Id., pp. 131-137
[14] Democracy Now, “No hay justicia climática sin respeto a los derechos humanos”: Protestan contra la inacción y la represión en la COP27 de Egipto, 2022.
[15] AI, Emiratos Árabes Unidos.
[16] El evento se puede ver y escuchar aquí.
[17] Para más información sobre Futuros Indígenas, véase aquí.
[18] FAO, ”6 formas en que los pueblos indígenas ayudan al mundo a lograr el #HambreCero”, 2017.
[19] The Lancet, Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary, Jason Hickel, 2022.
[20] AI, Climate Justice and Human Rights Explained, 2022.
[21] Expertos de las Naciones Unidas, Urgent need to respect human rights in all climate change action, say UN experts, 2022.
[22] IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
[23] Desde 1992 a la fecha, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se han incrementado en un 65%. Heinrich-Böll-Stiftung, ”En tiempos de colapso climático“, 2021.
[24] Amigos de la Tierra Internacional, Los mercados de emisiones de carbono en la COP25 de Madrid: Una amenaza para los pueblos, la política y el planeta, 2019.
[25] Mecanismos en los que se establece un límite, o tope, a las emisiones de GEI y los países o empresas que reducen sus emisiones por debajo del límite pueden vender unidades de emisión a otro país o empresa. Los países y empresas que no cumplen su objetivo pueden comprar estas unidades para compensar el déficit.
[26] IPRI & B&HRRC, Protector not prisoner:Indigenous peoples face rights violations & criminalization in climate actions, 2022.
[27] Global Witness, Una década de resistencia, 2022.
[28] Newsweek en español, Resistencia comunitaria en el Istmo de Tehuantepec, Bettina Cruz y Rosa Marina Flores Cruz, 2022.
[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] COP27, Decision -/CP.27 (edición avanzada sin editar, en inglés).
[33] COP27, Sharm el-Sheikh Implementation Plan, 2022.
[34] Mongabay, Words that didn’t make the cut: What happened to Indigenous rights at COP27, 2022.
[35] El Órgano de Supervisión es un órgano técnico establecido por la COP26 y compuesto por 12 representantes de los Estados parte del Acuerdo de París. Se encarga de diseñar y regular el mercado mundial del carbono regido por el artículo 6.4 y denominado «Mecanismo de Desarrollo Sostenible». Véase aquí.
[36] Entre estas tecnologías ”dudosas”, podemos encontrar la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS), la captura y almacenamiento directo de carbono en el aire (DACCS), meteorización mejorada, fertilización con hierro oceánico y alcalinización oceánica. Se ha calculado que la entrega de tres gigatoneladas de “emisiones negativas” de CO2 equivalentes al año de la tecnología BECCS, una cantidad relativamente modesta, requeriría la conversión de una superficie de tierra de aproximadamente 380-700 millones de hectáreas en 2100, lo que se traduce en el 7-25% de la tierra agrícola mundial y el 25-46% de la superficie de cultivos herbáceos y permanentes. AI, Stop burning our rights! What governments and corporations must do to protect humanity from the climate crisis, 2021. Asimismo, otras formas de remoción de carbono, aunque estén ”basadas en la naturaleza”, pueden ser causa de violaciones a derechos humanos. AI, Familias destrozadas: Desalojo forzoso del pueblo indígena del bosque Embobut, en Kenia- Resumen ejecutivo, 2018, disponible aquí.
[37] El Acuerdo de París (2015) reconoce en su preámbulo las obligaciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Además, establece que los planes de adaptación al cambio climático deben tomar en cuenta sus conocimientos tradicionales.
[38] Democracy Now, “No hay justicia climática sin respeto a los derechos humanos”: Protestan contra la inacción y la represión en la COP27 de Egipto, 2022, disponible aquí.
[39] COP27, Decision -/CP.27 -/CMA.4, 2022 (decision avanzada sin editar, en inglés), disponible aquí.
[40] AI, Any tidal wave could drown us – Stories from the climate crisis, 2022, disponible aquí.
[41] PMA, Honduras: Climate change, coronavirus and caravans, 2021, disponible aquí.
[42] IWGIA, ” Press release: IWGIA’s immediate reaction to the COP 27 outcome”, 2022, Press release: IWGIA’s immediate reaction to the COP 27 outcome – IWGIA – International Work Group for Indigenous Affairs
[43] Futuros Indígenas, Declaración Milpamérica Resiste, disponible aquí.
[44] COP27, Sharm el-Sheikh Implementation Plan, 2022, disponible aquí.
[45] Carta de Alaa Abd El-Fattah to RightsCon: “Unlike me, you have not been defeated yet” (traducción del inglés), 2017, disponible aquí.