Hoy 62 mil personas sobreviven en las franjas fronterizas del norte de México a la intemperie, luego de ser deportadas desde Estados Unidos y por el programa Quédate en México que les obliga a esperar de este lado del muro su proceso judicial para petición de asilo en EE. UU. Al mismo tiempo, hay ciudades vueltas cárceles, como Tapachula en el sur de México, confines estatales para migrantes y refugiados de todas partes del mundo. En todo el país se mantienen estaciones migratorias donde mueren niñas y deportan a sus madres para evitar ser denunciados, cárceles para migrantes donde separan familias. Trayectos que triplicaron sus costos con la red organizada y las desorganizadas de polleros y cárteles. Dolor, cuotas cada vez más profundas de dolor entre familias migrantes que intentan preservar la vida. Este es el escenario migratorio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México.
La 4T y sus falsos profetas, sean curas o funcionarios, mienten a los medios con las herramientas legales que les heredaron los gobiernos del PAN y el PRI, al anunciar como “retorno asistido” la deportación masiva y en caliente de miles de familias que intentaron, en caravana, alcanzar una vida que se pueda vivir. Más de dos mil personas deportadas a Honduras esta semana con dinero del erario público mexicano (¿si se acuerdan que AMLO dijo en su primer informe de gobierno que nos sostenemos primero de las remesas y luego del petróleo?). Un pueblo migrante, el mexicano, con un gobierno que deporta a la muerte, la miseria y el terror a otro pueblo en fuga.
Si algo nos reveló esta última caravana de la semana pasada es que finalmente las posiciones al interior del gobierno en turno se acomodaron: ya no hay visas humanitarias, ya no se cacarean programas de desarrollo o muros contenciosos de trabajo precario para migrantes, ya no hay ni siquiera intencionalidad de garantizar los derechos humanos de los migrantes. Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Rosario Piedra se alinearon a Marcelo Ebrard; Mario Delgado celebra en la cámara alta la represión contra familias migrantes y pide reconocer la actuación de la Guardia Nacional. Legisladores censurados cuando quisieron denunciar el gaseo utilizado para reprimir la caravana de familias migrantes. Etnógrafas desaparecidas luego de la carga militar contra la caravana que reaparecen para contar el uso de picanas eléctricas para neutralizar a los migrantes. Cerco militar en los centros de detención improvisados para migrantes, donde no entran ni organismos de derechos humanos ni periodistas y de los que solo se sale para ser deportado. Mentiras mediáticas que minimizan la violencia de Estado contra quienes huyen de la violencia de otros Estados, subsumidos en el silencio más descarado por cierto (por acción u omisión).
Esta última caravana, la trama que presenciamos, deja claro que, además del instinto humano por sobrevivir por parte de los migrantes que intentarán por todas las formas preservar la vida, asistimos al pleno despliegue de la política de Estado en materia migratoria, que en la 4T cerraron filas: tolerancia cero para quienes se fugan del terror, la miseria y la impunidad. Políticas acordes con el gobierno de Donald Trump que sigue deportando a nuestros familiares mexicanos después de mantenerlos recluidos por meses en el circuito de la industria del encarcelamiento masivo de cuerpos racializados.
Hace un año ya —en lo que llamamos el otoño migrante para referirnos al periodo de tiempo entre octubre 2018 y la primavera de 2019—, miles de personas masificaron una práctica, hasta entonces, apenas performativa entre migrantes organizados y algunos defensores de migrantes: los viacrucis de migrantes, las caravanas, los éxodos. Entre otoño y primavera, los gobiernos y sus instituciones de Centroamérica, México y Estados Unidos, los polleros desorganizados y el crimen organizado, los académicos, los periodistas, los escritores de ficción y el virtual ejército de defensores de derechos humanos, técnicos especializados en “gestión de la hospitalidad” hacia los migrantes, agentes migratorios, jueces, organismos internacionales y muchas iglesias de distintos credos fuimos sorprendidos por la masividad de ese viacrucis, por la capacidad para coordinarse entre migrantes que, hasta antes de la caravana, asumimos como objetos de estudio, clientes, infractores de la ley o mano de obra barata. Los migrantes se autoconvocaron y apostaron, caminando juntos, llegar al norte.
Los migrantes se habían rebelado a las prácticas de muerte impuestas por Enrique Peña Nieto, que despachó en turno la externalización de las políticas de odio de demócratas y republicanos norteamericanos: El Plan Frontera Sur, el nombre que adquirió el paquete de medidas de seguridad. Una suma de medidas dictadas por el así llamado “Régimen global de fronteras” (que combina las fantasías estatales y supranacionales de convertir a la migración en segura, ordenada y regular con reales prácticas biométricas, de detención y aislamiento hasta la prohibición de rescatar náufragos en alta mar), cuyo efecto inmediato en la vida de los migrantes fue que sus caminos se tornaron más largos, más caros y más violentos y peligrosos.
A la par de la criminalización de la migración en México y Estados Unidos, Honduras celebró elecciones en noviembre de 2017, elecciones en las que Juan Orlando Hernández (JOH para los migrantes y los hondureños en general) se “autoproclamó” vencedor. No bastaron la ola de movilizaciones ciudadanas, las denuncias en medios internacionales, los paros cívicos. La dictadura que impuso el golpe de Estado en ese país en 2009, hace 10 años, refrendó su voluntad para gobernar de facto a un pueblo empobrecido por el modelo de neoliberalismo basado en la maquila, el extractivismo y la hiperprecarización de la vida laboral de millones. Por eso, la Caravana de octubre del 2018 venía, en parte, conformada de opositores pobres, de ciudadanos hartos de vivir en la precariedad, en la impunidad y en la asfixia política de un régimen sostenido por acción o por omisión de las multinacionales y los gobiernos de los nortes del mundo. Lo mismo españoles que norteamericanos.
Por ese hartazgo, y porque la vida “ya no se puede vivir” en según qué barrios de según qué ciudades de América Central, más de 20 mil personas entre octubre de 2018 y abril de 2019 apostaron por un giro gramatical en la historia de las transmigraciones que se fugan para alcanzar en los nortes del mundo una vida que se pueda vivir: caravanizaron su caminar.
Caminaron a plena luz del día, conformando virtuales campos de desplazados auto organizados que atravesaron un país con cifras mortales que igualan guerras: México. Caminar a plena luz del día, sin coyote y sin avisar a las redes de hospitalidad religiosas o laicas en las rutas del terror por donde además de personas circulan armas, drogas, dolor y sueños. Caminar juntas y juntos. Desafiar el pacto mundial de las migraciones aprobado ese mismo año por casi todos los países expulsores de migrantes e ignorado por los gobiernos y las sociedades de los países que causan el desplazamiento con su geopolítica neoliberal.
Pero, ojo, ni la caravanización de la migración que nos desacomodó el guion a todos los involucrados en la industria de gobernar, narrar o lucrar con la migración fue masiva —pues si tomamos en cuenta que antes de la reelección de JOH en Honduras, de la reforma a las regulaciones laborales en ese país y de la sequía en las zonas rurales de América Central, ya migraban, en promedio, medio millón de personas atravesando México, cual país lleno de retenes legales y paralegales— ni los 20 mil caravaneros del otoño que nos desacomodó la gramática de las migraciones representan siquiera el 30% de los intentos de fuga de los trayectos que en su momento más álgido cargó en su lomo “La bestia”, esa suma de trenes de la empresa Ferrovía contra la que extrañamente nunca se ha usado “la fuerza del Estado” como sí sucedió en contra de los cuerpos de los migrantes la semana pasada.
Es decir, la caravanización de la migración no se viralizó como estrategia de transmigración entre los fugitivos de la violencia de Estado, de mercado y patriarcal centroamericanas, sino que, al contrario, después de esa ola de insurgencia migrante, después de rebelarse las víctimas del plan Frontera sur —y una vez se recuperaron los funcionarios de la sorpresa y se produjo el intercambio de funciones entre el PRI y Morena—, las caravanas fueron confinadas a ciudades cárceles.
Primero en Tijuana, en pleno invierno, cuando el canciller Marcelo Ebrard anunció que México (no él sino todos nosotros) aceptaba acuerdos de deportación contrarios al derecho internacional bautizados por las grandes agencias de la gobernanza de la migración como “Tercer país seguro” (Programa Quédate en México). Desde entonces han denunciado hasta el cansancio organizaciones civiles, periodistas y los propios migrantes; 62 mil personas viven a la intemperie en la franja fronteriza que separa México de Estados Unidos. Además, pocos meses más tarde se desplegaron más de 6 mil agentes de la recién creada Guardia Nacional para impedir la entrada por el sur de los migrantes y refugiados, y si éstos conseguían entrar, impedir su salida por la frontera norte.
Por eso decimos que, a la insurgencia migrante del otoño migrante, de la que esta última caravana quiso ser eco y que destruyeron hasta apagarla a menos de un susurro, sobrevino una contrainsurgencia (regionalmente coordinada por EE. UU.) en clave de violencia legal y paramilitar, institucional y desde las redes criminales.
Meses después, los africanos atrapados en la ciudad cárcel de Tapachula, se rebelaron de forma más organizada que los cubanos deportados en 2019 por la exministra de labia garantista, Olga Sánchez Cordero. A ellos, a la Asamblea de Migrantes Africanos, los dejaron caminar hasta la deshidratación y después, en un paraje donde no había testigos, separaron familias, los golpearon y los recluyeron en las cárceles llamadas “Estaciones migratorias” para después deportarlos.
Después de todo esto, llegó la Caravana de enero de 2020. Para afianzar en el imaginario colectivo de este pueblo migrante que los centroamericanos intentarán fugarse a toda costa de esa vida que ya no se puede vivir. Para quedarse en este territorio donde también abunda la muerte, o en el mejor de los casos, ganar el derecho a seguir con vida y vivirla con dignidad en Estados Unidos. Y ello, a su vez, desató más que solidaridad, prácticas y narrativas abiertamente xenófobas y racistas en el mundo analógico y el ciberespacio a cargo de ciudadanos comunes. Racismo social que se sustenta del racismo institucional y viceversa.
Para concluir, y desde nuestra perspectiva, este periodo histórico de luchas migrantes nos enseña varias cosas: que asistimos a la familiarización de los flujos migratorios; son cada vez más familias y no individuos los que intentan el tránsito y viven secuestros o quedan atrapados en una transitoriedad perpetua; que los albergues que practican una hospitalidad radical están desbordados y sobreviven a un acoso militar por parte de la Guardia Nacional de manera cotidiana que ya el diarismo opta por no narrar. Pero, sobre todo, que el actual gobierno no solo no cambió de política migratoria, sino que con acciones concretas profundiza la frontera vertical en que han convertido a México.
La pregunta que surge entonces es ¿qué respuestas en clave de un antirracismo y una hospitalidad radical somos capaces de imaginar para abrazar las insurgencias de estas familias que, migrando, buscan preservar y reproducir la vida? Y simultáneamente a la pregunta del qué hacer, como otros colectivos ya se vienen planteando hace años en torno a otras luchas, hay que imaginar con urgencia un cómo hacerlo. Una suma de intuiciones: politizando las narrativas y las prácticas de hospitalidad radical para y con los migrantes, destecnocratizando los saberes en torno a los derechos que amparan a los migrantes y refugiados. Acuerpándonos. Reconociendo que nos duele, pero organizando la rabia. Ocupando el espacio público en abierta desobediencia a las contrainsurgencias que se ciernen en esta guerra que es global y es total contra los migrantes y refugiados en el planeta. Sentipensamos que hay que encontrar, y con urgencia, formas de protesta que hagan entender a nuestro gobierno que no queremos y no aceptamos ser el muro de Trump.