En los últimos días las medidas implementadas por la Alcaldía Cuauhtémoc, a través de su Jornada Integral de Mejoramiento del Entorno Urbano, han causado polémica en medios y redes sociales. Entre otras cosas, la autoridad desarrolla una política pública de homologación de la identidad gráfica, expresada en rótulos comerciales, anuncios y demás expresiones visuales de comerciantes, en favor de una «mejor imagen urbana» que consiste en colocar un logo oficial enmarcado en un fondo blanco y aséptico. Artistas, defensores de las culturas populares y académicos denuncian la pérdida de colores, menoscabo de la diversidad cultural y censura del arte urbano. Incluso se convoca colectivamente a emprender un archivo de rescate de los «rótulos destruidos»: “¿Tienes fotos de rótulos en la Cuauhtémoc? Compártelas con @RECHIDA usando el #ConLosRótulosNo y creemos un archivo colaborativo de defensa del arte y la gráfica popular chilanga”.
De acuerdo con la página de la Alcaldía, las medidas forman parte de un «Plan de Reactivación del sector», compuesto en tres fases. La segunda, actualmente en marcha, “busca la remodelación de puestos, cambio de piso, reactivación de CENDIS, remodelación de cocinas, rescate de áreas comunes y dotación de uniformes”. En la tercera, ya rebasada en fechas, se buscará diseñar un “Tour turístico de mercados, reactivación económica, la publicación del libro ‘Imagen y vida de los mercados en la Cuauhtémoc’, así como tienda de souvenirs (sic)”. Sin duda, se vislumbra un plan de cultura oficial, estatista –por decir lo menos−, con «uniformes» y «souvenirs».
El debate se ha centrado en la defensa del espacio público o la conservación de la identidad urbana y popular de la Alcaldía, amenazada y sometida por una visión unilateral que arrasa con el arte marginal de la calle. Además de ello, habría que agregar un elemento adicional: la violación de derechos humanos, especialmente el derecho a la cultura de los ciudadanos. Los comercios en la calle, las torterías, taquerías, puestos de jugos y licuados, etc., ejercen y crean paralelamente a su actividad económica una cultura artística, simbólica y de memoria. Uno de los casos mediatizados fue “El taquito de David” de Luz García en la colonia Juárez. En honor a David se había rotulado el puesto con su caricatura, quien murió lamentablemente el año pasado por COVID-19. La madre declaró a medios: “Sí, tuvimos que quitarlo, la verdad sí nos dio mucha tristeza, por lo tanto, mandé hacer una lona que ahora tiene su rostro con unas alas, porque era muy especial para mí, mi hijo, y este era su puesto”. Nótese los efectos coercitivos de la medida, pues la autoridad finca su proceder en la invitación y la voluntad libre de los comerciantes. Pese al acto de autoridad que cubrió de pintura la imagen del pequeño David, la mujer ejerció su derecho y dio un giro alternativo, sin embargo, el punto aquí no es ese. Se trata del respeto y garantía de un derecho consagrado en la Constitución federal y en la local de la Ciudad de México. En esta última, el artículo 8, apartado D, establece a la letra que toda persona goza de derechos culturales, en este sentido:
El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:
a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión; (…)
c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;
De este modo, las políticas públicas implementadas durante la Jornada Integral de Mejoramiento del Entorno Urbano constituyen la violación franca de este derecho, pues coartan la identidad cultural de los comerciantes y usuarios. Por otro lado, los colores preestablecidos y logo de la Alcaldía acotan modos expresivos.
El discurso gubernamental enarbola a ultranza una retórica socialmente disciplinaria en favor de un supuesto mejoramiento en las condiciones de trabajo y adecuación a la cultura de la legalidad. La alcaldesa Sandra Cuevas, quien ya cuenta con antecedentes judiciales de abuso de autoridad, recurrió al tópico del «orden y disciplina» como se observó en un tweet viral del 18 de mayo. Más allá de no matizar el uso de la mano dura que se desprende de la expresión, se lleva a cabo un desplazamiento semiótico donde «el logo de la alcaldía» es equivalencia a estado de derecho y todo lo demás –expresiones libres, artísticas y culturales de los comerciantes− son íconos de informalidad e ilegalidad.
Si vamos a los documentos oficiales, por ejemplo, el “Programa de Gobierno 2021-2024”, se pueden consultar las líneas de acción del “Programa de Mejoramiento del Espacio Público”. En la descripción inicial se afirma que en ese rubro dicho instrumento considerará el componente social como un elemento central, de tal suerte que “es relevante la participación de la comunidad en el diseño de sus espacios públicos, favoreciendo la expresión de la creatividad e identidad vecinal”. Hasta este punto el discurso parece coincidir con el paradigma de los derechos humanos y los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, en ese mismo párrafo se descubre y emerge el contrapunto autoritario, pues el fin es “la creación de las condiciones para ampliar el control social sobre los espacios y el aumento de la percepción de seguridad”. En efecto, sin encubrimiento alguno se expresa el anhelo de la sociedad de control.
Toca a la ciudadanía organizada, la sociedad civil y los comerciantes de la Alcaldía Cuauhtémoc defender y ejercer sus derechos culturales. Ninguna jornada, plan, programa, política pública o alcaldesa puede ir más allá de ciertos derechos ineludibles y no negociables. Más allá de la eventual actuación del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y otras autoridades ausentes que deberían velar y garantizar estos derechos en la ciudad, el respeto de la dignidad y las expresiones legítimas de la gente depende del cuestionamiento y resistencia ante el autoritarismo más rapante.
