La apabullante victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en la elección del 1 de julio de 2018 expresó el descrédito de las fuerzas políticas que gestionaron la alternancia, la rebelión cívica de los excluidos por la modernización neoliberal y una crisis moral profunda de las élites. Capitalizar esa circunstancia le llevó a López Obrador tres elecciones presidenciales, la construcción de una maquinaria política nacional y la hábil maniobra de concentrar en un polo único la expectativa del cambio que, al momento de los comicios, abrigaba el 80% del electorado. Sin competencia de peso en el flanco izquierdo ante la inoperancia de la candidatura indígena, y con los adversarios a su derecha divididos, el político tabasqueño logró hacerse del centro político, articulando la agenda social de la izquierda con el voto conservador que, descontento con la descarada corrupción de la nueva administración priista, no se sentía amenazado como antaño con el discurso plebeyo de López Obrador, complementado en la última década por el socialcristianismo o el cristianismo a secas.
La victoria obradorista aconteció a contrapelo del repliegue de las izquierdas emergentes latinoamericanas —“progresistas” de acuerdo con los analistas de izquierda, “populistas” según la derecha intelectual, mostrando ambas posturas la falta de categorías para caracterizar la política del siglo XXI— y con un presidente posfascista en la Casa Blanca. En medio, también, de una desaceleración de la economía global. Pese a ello, y con medidas draconianas, el gobierno de López Obrador puso rápidamente en marcha la batería de medidas redistributivas del ingreso dirigidas fundamentalmente a jóvenes, adultos mayores, indígenas y madres trabajadoras. Su eficacia está por verse, pero no puede soslayarse la importancia de estas políticas cuando vemos no sólo los escandalosos índices de desigualdad mexicanos —el 1% de la población concentra el 21% de los ingresos totales de la nación; el 10% de aquélla posee el 64.4% de la riqueza del país, como muestran los estudios de Gerardo Esquivel—, sino los retrocesos en materia de distribución del ingreso en la Argentina de Macri o en el Brasil de Temer y ahora de Bolsonaro. Tampoco la administración obradorista ha puesto en entredicho los derechos sociales, antes bien los ha reforzado, a juzgar por el exponencial crecimiento de las huelgas en los primeros meses de su administración o las reforma en curso de la Ley Federal del Trabajo, en la que se empatan las obligaciones derivadas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la reivindicación histórica de la izquierda en materia laboral.
La política social de López Obrador contiene una preocupación genuina por aminorar la desigualdad, pero también es insoslayable el sesgo político y su andamiaje conservador. Como todo proyecto político que pretenda la hegemonía, la llamada Cuarta Transformación intenta afianzar su base social favoreciendo a segmentos de la población que no disponen de recursos suficientes para contender con las necesidades básicas, permanecer en la escuela o capacitarse para obtener empleo. De ellos se esperará también su voto tanto en las elecciones intermedias de 2021 —incluida la revocación de mandato a discutirse en el Senado— como en la elección constitucional de 2024. Morena, con el padrón de beneficiarios en mano de los llamados “Servidores de la Nación”, será seguramente el instrumento en coordinación con los superdelegados en las 32 entidades federativas coordinados desde Palacio Nacional.
En cuanto al contenido conservador de la política social, el gobierno obradorista desmonta los espacios de mediación entre el Estado y la sociedad argumentando, con algo de razón, que en ellos anidaba la corrupción dado que los gestores privados se quedaban con parte de los beneficios. No obstante, el presidente tabasqueño no conformó instituciones alternativas que los reemplazaran, optando por anclar sus programas en la institución más vieja y confiable de acuerdo con él y las encuestas, esto es, la familia. Ésta es el receptáculo de la política social, el núcleo de integración de una sociedad desgarrada y la depositaria de los valores morales, reforzados por la constitución moral en proceso de redacción. El libro de campaña de López Obrador fue claro al respecto: “sin reformas sociales y sin el fortalecimiento de los valores no será posible frenar el deterioro de la sociedad”.
A la vez que la nueva administración ha sido tolerante con los movimientos sociales —recordemos a Felipe Calderón con los electricistas o a Enrique Peña Nieto en Nochixtlán—, el trato ha sido desigual, como se observa con la permisividad hacia la CNTE y la indiferencia con respecto de los opositores a la termoeléctrica en Huexca, Morelos. Con los profesores, por su coincidencia básica con abrogar la reforma educativa de 2013; en Morelos, por la discrepancia con respecto del proyecto energético del gobierno federal. López Obrador negoció con la CNTE—incluso con una maniobra absurda “suspendió” la aplicación de la norma constitucional—, a los otros los aplastó con una consulta ciudadana viciada de origen. Ambos, sin embargo, son actores preexistentes, con los que López Obrador ha de lidiar por medio del pacto, la cooptación o aislándolos, pues el presidente tabasqueño descarta el uso de la fuerza cuando de movimientos sociales se trata.
Sea a través de la política social, o por la contención de los movimientos sociales por las vías señaladas, el proyecto hegemónico del presidente tabasqueño atiende la desigualdad y pretende potenciar las capacidades de la población desfavorecida mediante la educación, la salud y el trabajo. Sin embargo, no considera este proyecto la independencia y menos la autonomía de las clases populares, sometiéndolas a la autoridad benévola de un Estado protector reedificado sobre las ruinas del régimen de la Revolución mexicana y legitimado en las urnas, pero que conserva la matriz autoritaria inherente a su constitución. Por lo visto hasta ahora, en la Cuarta Transformación la igualdad sin emancipación parece ser el horizonte para los subalternos.